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Por: Ec. Hugo Cabieses Cubas*
A propósito de la COP25, y sus pobres resultados en Madrid, he recordado que en 2011 Transparencia Internacional (TI) publicó un libro de 446 páginas sobre corrupción y cambio climático que vale la pena desempolvar ahora. Se trata de un trabajo colectivo promovido y auspiciado por Huguette Labelle, entonces Presidenta de TI; Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpace en esa época, y Ashok Khosla, entonces Presidente de International Union for Conservation fo Nature (IUCN).
Nada menos que 58 especialistas investigadores de 15 países escriben este libro y, a decir verdad, no dejan títere con cabeza en torno a la mitigación, la adaptación, al cambio climático y los bonos de carbono y los esquemas REED. En uno de los prólogos, el Informe dice que:
“(E)s la primera publicación que analiza en forma exhaustiva los principales riesgo de corrupción relacionados con cuestiones climáticas y ofrece análisis esenciales que ayudarán a los responsables de la adopción de políticas, profesionales y otros actores relevantes a comprender los riesgos y desarrollar respuestas efectivas en un momento crítico, en el cual se están sentando las bases de la arquitectura de la gobernabilidad climática”.
Los 58 expertos y profesionales abordaron cuatro áreas claves:
- Gobernabilidad y los principales desafíos para hacer frente al cambio climático;
- Mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con transparencia y rendición de cuentas;
- Adaptación al cambio climático identificando los riesgos de corrupción en el desarrollo de la resistencia al clima, el financiamiento y la implementación de estrategias; y,
- gobernabilidad forestal que responda a los desafíos de corrupción que prevalecen en el sector forestal e incorporar la integridad a las estrategias internacionales destinadas a frenar la deforestación y promover la reforestación.
Las buenas intenciones y la información casuística prevalecen a lo largo de todo el informe y los promotores señalan que, durante más de 15 años, el trabajo de Transparencia Internacional ha demostrado que si no se toman medidas para revertirla, la corrupción destruye la vida de las personas, devasta sus medios de subsistencia y frustra las iniciativas de justicia social y económica. Y añade que estos mismos riesgos se aplican a las políticas y acciones sobre el cambio climático: “La solución consiste en lograr una gobernabilidad más sólida, y en asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación”.
Estuve en la presentación del informe en el Perú, en 2011, a pocos días de haber sido nombrado Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM). Fui invitado por Proética (Capítulo peruano de TI) y me solicitaron comentarlo, lo que no hice ya que me habían enviado el libro el día anterior pero me comprometí a leerlo con atención y tenerlo para consultas. Aún así, recuerdo haber dicho que la peor corrupción en este tema es la hipocresía de los mercados de carbono, la mercantilización de los bienes comunes: los recursos naturales – principalmente de los bosques – y el riesgo de que los pueblos indígenas pierdan sus territorios con los esquemas REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación).
También dije que el calentamiento global a consecuencia de la generación de GEI por acción humana tiene responsables principales, que son los países industrializados y ricos, cuyos gobernantes no quieren cambiar el modelo de producción y consumo, depredador y productor de GEI que se acumulan desde mediados del siglo XIX.
Ocho años después, Próetica estuvo en la COP25 en Madrid y el 6 de diciembre, Magaly Ávila, Directora del Programa de Gobernanza Ambiental, participó en el panel “Explorando los efectos de la transparencia en los múltiples niveles de Gobernanza climática”. El panel fue organizado por Transparencia Internacional como parte de las actividades por la Cumbre del Clima.
Panel sobre efectos de transparencia en la gobernanza climática. (Foto: Próetica)
Ávila dijo que se debe lograr una gobernanza más sólida y asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en “la participación, la rendición de cuentas y la integridad” . Añadió, sin ambages, que “con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación” y alertó:
"No tenemos tiempo, la Amazonía está siendo deforestada, la corrupción es una amenaza en nuestra lucha contra el cambio climático."(Renata Ávila, Proética)
En el Resumen Ejecutivo del libro publicado en 2011, se informaba que el estimado de las inversiones vinculadas únicamente a iniciativas de mitigación del cambio climático ascenderán a casi US$ 700,000 mil millones para el 2020; que se realizarán inversiones públicas por no menos de US$ 250,000 millones al año “a través de nuevos canales nunca probados y sin demasiada coordinación. A su vez, ya existen presiones para acelerar las soluciones, lo que aumenta el riesgo de corrupción”.
En un libro reciente sobre temas de corrupción en relación con el capitalismo rentista, el investigador británico Guy Standing sostiene que, actualmente tenemos el sistema de mercado menos libre que se haya creado nunca y que es “profundamente corrupto porque sus líderes afirman que es lo contrario de aquello en lo que se está convirtiendo”. Señala, para concluir, rescatando la Carta del Bosque a 800 años de su promulgación, que los bienes comunes nos pertenecen a todos nosotros y por lo tanto no se debería permitir a nadie monopolizarlos o agotarlos:
“Tenemos que recuperar todos los aspectos de los bienes comunes, incluyendo ríos y lagos, tierra y mar, nuestros recursos naturales y los servicios comunes sociales e intelectuales”.
Y el clima, digo yo, que es el principal bien común y los responsables del exceso de GEI que provocan el cambio climático atentan contra todos estos bienes comunes. Lamentablemente, en este asunto del cambio climático, no es solo el modelo ¡TAMBIÉN ES LA CORRUPCIÓN!
* Economista peruano, licenciado en la Universidad del Pacífico, ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (2011). Fue asesor parlamentario (2016-2017 y 2019). Investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, activista del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) y militante socialista convicto y confeso.
Este 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional Anticorrupción y, habría que preguntarnos ¿qué hemos hecho como país para vencer ese cáncer que nos sigue robando el futuro de nuestras familias?
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo los actores de la corrupción se aferran a la impunidad y pretenden seguir operando sin mayor problema. Incluso, pretenden que los ciudadanos olvidemos sus acciones con frases como “basta de odios” o “es tiempo de pasar la página”.
Pero, pretenden que no reaccionemos cuando:
- El máximo ente de justicia, el Tribunal Constitucional, decide liberar a Keiko Fujimori pese a conocerse sus constantes acciones para obstruir la investigación en su contra por lavado de activos.
- Empresarios como Dionisio Romero (Credicorp) y Vito Rodríguez (Grupo Gloria) confiesan – sin remordimiento alguno – haber pretendido burlar la voluntad popular entregando ingentes sumas de dinero a la campaña política de Fuerza Popular. Lo hacen 8 años después y argumentando que era para “salvar al Perú”; y, tras obtener las decisiones que más los beneficiaban.
- Jueces y fiscales corruptos se han vuelto los operadores de impunidad de narcotraficantes, empresarios y políticos; como lo demuestran los casos “Cuellos Blancos del Puerto” y “Cono Norte”.En ambos, se investigaba a los brazos legales de bandas criminales y se terminó descubriendo que esos mismos magistrados (César Hinostroza, Walter Ríos o Alberto Rossel) vendían resoluciones a empresarios y políticos del más alto nivel, como el ex premier César Villanueva o Keiko Fujimori
- Las obras entregadas a cambio de “coimas” y con sobreprecio a empresas como Odebrecht o a Club del Construcción; se deshacen aislando comunidades o impidiendo el acceso a derechos básicos; como acaba de ocurrir con la carretera Sisa – Cuñumbuque en San Martín por la que se le investiga a César Villanueva.
- Cada día se revelan nuevos delitos de los parlamentarios disueltos, que fungían de operadores de organizaciones criminales como “Los Intocables Ediles” en La Victoria que tenía en Luciana León una eficaz gestora; o los “Temerarios del Crimen” que coordinaba con 5 parlamentarios presupuesto para obras que se entregaban a cambio de sobornos.
- Hay 200 personas condenadas por delitos que van desde la falsificación hasta el homicidio; pasando por no cumplir con los alimentos de sus hijos o el proxenetismo, pretenden integrar el nuevo Parlamento 2020 – 2021; sin contar a aquellos que tienen procesos en curso y buscan garantizar impunidad.
¿Cuántos violadores más deberán ser liberados por jueces corruptos, como César Hinostroza, poniendo en riesgo a nuestras hijas? ¿Cuántas veces más debemos oír que algunos pueden hacer lo que quieren en el país, afectando nuestras vidas y a nuestras familias sin que les suceda nada?
Los peruanos y peruanas hemos demostrado, más de una vez, que somos capaces de defender nuestro País de quienes pretenden seguirlo saqueando. Y, esta no debe ser la excepción. Hay una serie de batallas que nos esperan y que iremos ganando juntos, activos e informados.
Una de ellas, por ejemplo, serán las elecciones para un Congreso de Transición 2020 – 2021. Solo eligiendo bien, informados y con un mensaje claro: #YoNoApoyoCorruptos; lograremos recuperar un espacio vital para la democracia.
Por eso, en este Día Internacional Anticorrupción, reafirmemos nuestro amor al Perú y nuestro compromiso de enfrentar la corrupción e impunidad en todas sus formas y manifestaciones.
Lima, 9 de diciembre de 2018
Instituciones miembro:
Asociación Nacional de Centros (ANC) – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Conferencia Nacional de Desarrollo (CONADES) – Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) – Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadadanía – Comisión de Justicia Social Diócesis de Chimbote – Flora Tristán- Fomento de la Vida (FOVIDA) – Forum Solidaridad Perú – Frente Callao Dignidad – Instituto de Defensa Legal (IDL) – Paz y Esperanza – Perú Equidad – Servicios Educativos Rurales (SER).
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