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NECESITAMOS UNA NACIÓN DONDE LA CORRUPCIÓN NO SEA UNA FORMA CONSENTIDA DE GOBERNAR
Este 6 de junio se definirá el futuro del país para las siguientes décadas. La primera vuelta electoral mostró que un importante sector de la ciudadanía exige cambios urgentes y profundos en un sistema que ha traído desigualdad, pobreza y exclusión agudizadas durante la crisis económica y sanitaria, que ya ha cobrado más de 180 mil vidas en nuestro país.
Se ha expresado también el contundente rechazo, a nivel nacional, a la candidatura de Keiko Fujimori, que representa una opción autoritaria que reivindica la dictadura corrupta y violadora de derechos humanos dirigida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con innegables vínculos con el crimen organizado. Un nefasto régimen que sistematizó la corrupción, que es hoy uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional, amenaza permanentemente la gobernabilidad democrática, atenta contra los derechos de la población, les niega acceso a servicios elementales.
La candidatura de Pedro Castillo recibió un importante respaldo ciudadano, para enfrentar en esta segunda vuelta a la candidata Fujimori. Responsabilidad que conlleva ineludibles y necesarios compromisos con la ciudadanía que vigilará su cumplimiento. Saludamos que haya convocado a personalidades de comprobada trayectoria y compromiso. Sin embargo, es indispensable que exprese su voluntad firme y clara de trabajar para erradicar la corrupción e impunidad en todas sus formas y manifestaciones, vengan de donde venga.
Somos los peruanos y peruanas, con nuestro voto, quienes tenemos la principal responsabilidad de impedir la grave amenaza del retorno de un régimen corrupto que sólo busca lograr su impunidad.
Ante ello, alcanzamos los siguientes elementos que, entre otros, responden a compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y deben formar parte de un serio debate para avanzar hacia una Política Nacional Anticorrupción efectiva:
Firmantes:
Ciudadanos y ciudadanas:
Siguiendo las recomendaciones de Oslo[1] de la segunda sesión sobre Gran Corrupción (“Corruption involving Vast Quantities of Assets”), donde se reunieron 140 expertos de más de 50 países, del 12 al 14 de junio de 2019, en línea con las recomendaciones de la primera sesión sostenida en Lima en diciembre de 2018[2], los países firmantes declaramos lo siguiente:
Firmantes:
Organizaciones nacionales, regionals y globales
Redes, Asociaciones privadas, organismos de la Diócesis
Ciudadanos y Ciudadanas
El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) y los que suscriben, ante los hechos acontecidos a raíz de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, señala lo siguiente:
Finalmente, expresamos ante la opinión pública que estos actos de presunta corrupción y pugna por el poder son en sí mismos evidencia de cómo desatienden y violan los derechos humanos. La ciudadanía y la sociedad civil organizada no dejará de asumir activamente la defensa de las bases de la democracia, la investigación de todos los actos de corrupción con respeto del debido proceso, la defensa de la autonomía de las instituciones, la necesidad de una reforma política inclusiva para el 2021 y la protección de las poblaciones más golpeadas en plena pandemia. El Estado debe resolver en forma legal e inmediata la crisis, para no dejar de lado la promoción y defensa de la vida, la salud, y el trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen siendo desprotegidos.
Suscriben:
Adhesiones personales:
Nuestro país se encuentra duramente golpeado por la pandemia. Habría más de 500 mil personas infectadas y tendríamos más de 43 mil fallecidos por coronavirus. Penosamente nos hemos convertido en el tercer país con mayor mortalidad a nivel global. Vivimos una tragedia excepcional que ha colocado a millones de ciudadanos y ciudadanas en situación de enfermedad, desempleo y hambre.
Frente a esta situación urge que las autoridades actúen de inmediato proponiendo políticas y medidas concretas que respondan a esta grave crisis y no a intereses particulares, corporativos o empresariales. La denegación de confianza al Gabinete Cateriano, más allá del cuestionable desempeño de grupos políticos identificables, debe ser respetada y asumida como un llamado de atención al gobierno para que priorice la vida, la salud y el bienestar de todas y todos.
Corresponde al Congreso de la República atender la emergencia estableciendo puentes de diálogo, y al Ejecutivo, concertar con las fuerzas vivas del país, expresadas en las comunidades, organizaciones sociales, gremios sindicales, iglesias, partidos políticos, entre otros, para definir una agenda que ponga en el centro del diálogo el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, que garantice una política de subsidio universal y erradique toda forma de violencia, exclusión, corrupción y discriminación.
Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos nuestra disposición a sumar en la construcción de los cambios urgentes que el país demanda.
Perú, 06 de agosto del 2020
Suscriben:
Nos reafirmamos en la necesidad de transitar hacia “una nueva convivencia”, que signifique crear las condiciones para construir un país más igualitario e inclusivo, basado en el desarrollo desde los territorios y en busca del buen vivir, las capacidades, el respeto mutuo y la solidaridad de sus ciudadanos y ciudadanas; sin ningún tipo de discriminación. Que brinde a todas oportunidades de empleo decente y una vida digna. En el marco de un nuevo pacto social para nosotros/ nosotras y las nuevas generaciones.
En camino a esa nueva convivencia es necesario, continuar y profundizar la lucha contra la corrupción que es el peor virus que sigue atacando al Perú.
Ha sido un elemento clave para impedir el derecho a una vida digna a la gran mayoría de peruanas y peruanos. Su impacto es múltiple y a todo nivel: en la política, en la economía, en el desarrollo, en el tejido social, en la lucha contra las desigualdades de género y en el ejercicio de todos nuestros derechos.
En la actualidad, aprovechando la pandemia, a 2 años de las denuncias sobre “los Cuellos Blancos”, “Lava Jato” y tantos otros casos de corrupción, estos grupos se encuentran a la ofensiva pretendiendo retomar o continuar dominando espacios claves del sistema de justicia, apoyados por el silencio cómplice de autoridades responsables de combatirlos.
Prueba de ello es que 11 de los investigados por delitos graves por el caso Lava Jato han sido excarcelados por el Poder Judicial. En el Congreso, pretenden minimizar las denuncias contra el corrupto ex fiscal de la nación Chavarri y acoger otras sin sustento contra fiscales que los investigan. En todas las regiones las redes de corrupción continúan intactas.
La alianza entre los grupos económicos monopólicos y políticos que han capturado el Estado utilizando su poder para su propio beneficio, han favorecido y alimentado la corrupción, han debilitado la democracia, distorsionado la función de sus instituciones, y con un desmedido afán de lucro sacrifican la vida y el futuro del pueblo y el desarrollo de todas las regiones del país.
No podemos permitir que en plena pandemia persista este afán de lucro, y continúe la corrupción como en el sector salud, en la policía nacional, en gobiernos regionales y locales, sacrificando la vida de los profesionales de la salud y de la población más vulnerable. La compra y especulación con los medicamentos, el oxígeno, mascarillas, guantes, equipos médicos, las canastas básicas familiares para los más pobres ha sido motivo de especulación y corrupción, hasta en 700% durante la cuarentena. Y ahora se incrementan los abusos con los despidos disfrazados de “suspensión perfecta” y con el apremio del cobro de los servicios y las deudas bancarias.
Sentimos vergüenza por los congresistas, presidentes, gobernadores y alcaldes que alguna vez elegimos y han sido denunciados, presos o procesados, por delitos de corrupción robándole recursos y oportunidades de desarrollo a los más necesitados, ahondando el deterioro moral y la desconfianza ciudadana.
Esta situación no debe continuar, menos aún ante la grave crisis económica que asola nuestro país. Para ello es necesaria la más amplia unidad de los sectores sanos de nuestra sociedad que han apostado por la vida, por un país justo, democrático, igualitario, paritario y libre de corrupción e impunidad, denunciando y actuando, desde la sociedad civil y apoyando a los fiscales y jueces probos y honestos y a la prensa independiente que han investigado y denunciado la corrupción y continúan haciéndolo, pese a todos los intentos de acallarlos.
La lucha contra la corrupción debe conducirnos a la reforma y reorganización de TODO el sistema de justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, de acuerdo a los principios democráticos de independencia y autonomía de poderes, actuar con solvencia moral y compromiso implacable contra la corrupción. La actitud firme de la Junta Nacional de Justicia es un mandato esencial en esta tarea reformadora.
Saludamos y respaldamos la valiente Denuncia Constitucional de la Fiscal de la Nación Dra. Zoraida Avalos contra un Fiscal Supremo, un Juez Supremo y dos miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura.
Nuestro país necesita con urgencia una transformación, nos reafirmamos en el compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Un mundo mejor es posible, ello exige una nueva cultura política y la revalorización de la comunidad, de la participación ciudadana organizada, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para lograr una vida digna, con un nuevo pacto social que se comprometa con la justicia, la igualdad, la democracia, la paridad, la lucha contra la violencia de género y la erradicación del racismo que afecta fundamentalmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
En esta tarea Convocamos a la formación de PLATAFORMAS REGIONALES CONTRA EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, con la participación de todas y todos los actores políticos y sociales donde se encuentren.
A fines de año habrá cambio de autoridades judiciales y fiscales. Es una oportunidad para expulsar el virus endémico de la corrupción del sistema de justicia.
En estos momentos difíciles para el país, el deber del Presidente Vizcarra y de los congresistas que se oponen a blindar a los corruptos, es impulsar y defender la reforma política y la del sistema de justicia, requisito para una nueva convivencia.
JUNTOS Y JUNTAS CONTRA LA IMPUNIDAD
JUNTOS Y JUNTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE MATA
JUNTOS Y JUNTAS POR LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA PARA TODOS Y TODAS
ADHESIONES:
REDES NACIONALES
INSTITUCIONES:
CIUDADANOS:
¿Te sumas? Aquí puedes hacerlo.
#MásAlláDelDiscurso
¿Un partido comprometido con la lucha contra la corrupción llevaría a ex funcionarios sancionados por faltas administrativas muy graves?
TRES INHABILITACIONES
“No puede haber seguridad ciudadana con 55,000 policías acusados de faltas graves según el Ministerio del Interior y tampoco puede haber justicia con una multitud de jueces y fiscales corruptos. Necesitamos un ente externo a las entidades que boté a los corruptos”, enfatizó Francisco Diez Canseco, líder de Perú Nación en el debate de candidatos al Congreso organizado por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 19 de enero.
Diez Canseco se refería a su propuesta de establecer un “Consejo Nacional de Moral Pública”. Según esa propuesta, el Consejo debería empezar por el caso de su candidato al Parlamento, por la región Tumbes, Jaime Alberto Hernández Soto.
Según el portal “Tu tienes el control” de la Contraloría General de la República; Hernández Soto registra 3 sanciones impuestas por dicho organismo de control por irregularidades cometidas durante su gestión como Sub-Gerente de Obras del Gobierno Regional de Tumbes. Y las faltas no fueron leves.
En los 3 casos se determinó que cometió faltas muy graves referidas al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO II-2 y el mismo Gobierno Regional de Tumbes; lo que le significaron a Jaime Hernández la INHABILITACIÓN por 4 y 5 años.
Así, de acuerdo al registro, las sanciones siguen vigentes. Primera de ellas fue impuesta el 4 de enero de 2018 y concluirá el 4 de enero de 2022. Luego, el 5 de abril de 2018 se le impuso la segunda sanción de inhabilitación. Esa estará vigente hasta el 5 de abril de 2023. Y la última inició el 3 de mayo de 2018 y vence el 3 de mayo de 2023.
Y no es lo único. Hernández además figura en 11 informes de auditoría con presuntas responsabilidad por irregularidades administrativas. Los informes fueron emitidos entre 2013 (1), 2014 (9) y 2017 (1).
LOS OTROS SANCIONADOS
Perú Nación no es el único partido que lleva entre sus filas a sancionados por la Contraloría. Perú Patria Segura y Alianza para el Progreso son las otras dos organizaciones.
Por Perú Patria Segura va Jaime Rojas Cerna (Cajamarca). El 25 de enero de 2018, la Contraloría lo INHABILITÓ por 5 años por una falta muy grave cometida durante su gestión en la Jefatura de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.
La sanción de Rojas Cerna culmina el 25 de enero de 2023. De llegar al Congreso tendría vigente la inhabilitación para ejercer cargo público ¿podría asumir de ser electo parlamentario?.
Finalmente, Alianza por el Progreso lleva entre sus filas a Luis Alberto Váldez Frías quien fue SUSPENDIDO temporalmente por 360 días. Contraloría determinó que el ex gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo cometió una falta grave durante su gestión.
La suspensión de Váldez inició el 14 de febrero de 2019 y acabará el 8 de febrero de 2020; es decir, poco antes de asumir el cargo de parlamentario de salir elegido este 26 de enero.
Luis Váldez figura, además, en 12 informes de Auditoría en los que la Contraloría detectó presunta responsabilidad. Estos fueron emitidos entre 2010 y 2016. A los 11 reportes vinculados a sus funciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo; se suma un Examen Especial de 2011 referido a la Municipalidad Distrital de Huanchaco.
Este 26 de enero tenemos la obligación de votar informados. Miremos más allá de los discursos anticorrupción y analicemos el comportamiento y rigurosidad de los partidos en incorporar a sus candidatos al Congreso.
dsdad
A propósito de la COP25, y sus pobres resultados en Madrid, he recordado que en 2011 Transparencia Internacional (TI) publicó un libro de 446 páginas sobre corrupción y cambio climático que vale la pena desempolvar ahora. Se trata de un trabajo colectivo promovido y auspiciado por Huguette Labelle, entonces Presidenta de TI; Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpace en esa época, y Ashok Khosla, entonces Presidente de International Union for Conservation fo Nature (IUCN).
Nada menos que 58 especialistas investigadores de 15 países escriben este libro y, a decir verdad, no dejan títere con cabeza en torno a la mitigación, la adaptación, al cambio climático y los bonos de carbono y los esquemas REED. En uno de los prólogos, el Informe dice que:
“(E)s la primera publicación que analiza en forma exhaustiva los principales riesgo de corrupción relacionados con cuestiones climáticas y ofrece análisis esenciales que ayudarán a los responsables de la adopción de políticas, profesionales y otros actores relevantes a comprender los riesgos y desarrollar respuestas efectivas en un momento crítico, en el cual se están sentando las bases de la arquitectura de la gobernabilidad climática”.
Los 58 expertos y profesionales abordaron cuatro áreas claves:
Las buenas intenciones y la información casuística prevalecen a lo largo de todo el informe y los promotores señalan que, durante más de 15 años, el trabajo de Transparencia Internacional ha demostrado que si no se toman medidas para revertirla, la corrupción destruye la vida de las personas, devasta sus medios de subsistencia y frustra las iniciativas de justicia social y económica. Y añade que estos mismos riesgos se aplican a las políticas y acciones sobre el cambio climático: “La solución consiste en lograr una gobernabilidad más sólida, y en asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación”.
Estuve en la presentación del informe en el Perú, en 2011, a pocos días de haber sido nombrado Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM). Fui invitado por Proética (Capítulo peruano de TI) y me solicitaron comentarlo, lo que no hice ya que me habían enviado el libro el día anterior pero me comprometí a leerlo con atención y tenerlo para consultas. Aún así, recuerdo haber dicho que la peor corrupción en este tema es la hipocresía de los mercados de carbono, la mercantilización de los bienes comunes: los recursos naturales – principalmente de los bosques – y el riesgo de que los pueblos indígenas pierdan sus territorios con los esquemas REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación).
También dije que el calentamiento global a consecuencia de la generación de GEI por acción humana tiene responsables principales, que son los países industrializados y ricos, cuyos gobernantes no quieren cambiar el modelo de producción y consumo, depredador y productor de GEI que se acumulan desde mediados del siglo XIX.
Ocho años después, Próetica estuvo en la COP25 en Madrid y el 6 de diciembre, Magaly Ávila, Directora del Programa de Gobernanza Ambiental, participó en el panel “Explorando los efectos de la transparencia en los múltiples niveles de Gobernanza climática”. El panel fue organizado por Transparencia Internacional como parte de las actividades por la Cumbre del Clima.
Ávila dijo que se debe lograr una gobernanza más sólida y asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en “la participación, la rendición de cuentas y la integridad” . Añadió, sin ambages, que “con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación” y alertó:
"No tenemos tiempo, la Amazonía está siendo deforestada, la corrupción es una amenaza en nuestra lucha contra el cambio climático."(Renata Ávila, Proética)
En el Resumen Ejecutivo del libro publicado en 2011, se informaba que el estimado de las inversiones vinculadas únicamente a iniciativas de mitigación del cambio climático ascenderán a casi US$ 700,000 mil millones para el 2020; que se realizarán inversiones públicas por no menos de US$ 250,000 millones al año “a través de nuevos canales nunca probados y sin demasiada coordinación. A su vez, ya existen presiones para acelerar las soluciones, lo que aumenta el riesgo de corrupción”.
En un libro reciente sobre temas de corrupción en relación con el capitalismo rentista, el investigador británico Guy Standing sostiene que, actualmente tenemos el sistema de mercado menos libre que se haya creado nunca y que es “profundamente corrupto porque sus líderes afirman que es lo contrario de aquello en lo que se está convirtiendo”. Señala, para concluir, rescatando la Carta del Bosque a 800 años de su promulgación, que los bienes comunes nos pertenecen a todos nosotros y por lo tanto no se debería permitir a nadie monopolizarlos o agotarlos:
“Tenemos que recuperar todos los aspectos de los bienes comunes, incluyendo ríos y lagos, tierra y mar, nuestros recursos naturales y los servicios comunes sociales e intelectuales”.
Y el clima, digo yo, que es el principal bien común y los responsables del exceso de GEI que provocan el cambio climático atentan contra todos estos bienes comunes. Lamentablemente, en este asunto del cambio climático, no es solo el modelo ¡TAMBIÉN ES LA CORRUPCIÓN!
Este 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional Anticorrupción y, habría que preguntarnos ¿qué hemos hecho como país para vencer ese cáncer que nos sigue robando el futuro de nuestras familias?
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo los actores de la corrupción se aferran a la impunidad y pretenden seguir operando sin mayor problema. Incluso, pretenden que los ciudadanos olvidemos sus acciones con frases como “basta de odios” o “es tiempo de pasar la página”.
Pero, pretenden que no reaccionemos cuando:
¿Cuántos violadores más deberán ser liberados por jueces corruptos, como César Hinostroza, poniendo en riesgo a nuestras hijas? ¿Cuántas veces más debemos oír que algunos pueden hacer lo que quieren en el país, afectando nuestras vidas y a nuestras familias sin que les suceda nada?
Los peruanos y peruanas hemos demostrado, más de una vez, que somos capaces de defender nuestro País de quienes pretenden seguirlo saqueando. Y, esta no debe ser la excepción. Hay una serie de batallas que nos esperan y que iremos ganando juntos, activos e informados.
Una de ellas, por ejemplo, serán las elecciones para un Congreso de Transición 2020 – 2021. Solo eligiendo bien, informados y con un mensaje claro: #YoNoApoyoCorruptos; lograremos recuperar un espacio vital para la democracia.
Por eso, en este Día Internacional Anticorrupción, reafirmemos nuestro amor al Perú y nuestro compromiso de enfrentar la corrupción e impunidad en todas sus formas y manifestaciones.
Lima, 9 de diciembre de 2018
Instituciones miembro:
Asociación Nacional de Centros (ANC) – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Conferencia Nacional de Desarrollo (CONADES) – Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) – Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadadanía – Comisión de Justicia Social Diócesis de Chimbote – Flora Tristán- Fomento de la Vida (FOVIDA) – Forum Solidaridad Perú – Frente Callao Dignidad – Instituto de Defensa Legal (IDL) – Paz y Esperanza – Perú Equidad – Servicios Educativos Rurales (SER).
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