Plataforma de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Nuestra cofundadora, Gabriela Flores, declaró para Impacto Mundo de Colombia sobre las implicancias para la justicia y la lucha contra la corrupción que los sobrinos del presidente se encuentren prófugos de la justicia. También alertó sobre los problemas de transparencia que han habido desde el primer día del mandato de Pedro Castillo. Mira la nota completa aquí.
Las organizaciones abajo firmantes alertamos a la ciudadanía sobre las irregularidades en el proceso de selección de candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional, sobre las situaciones de conflicto de interés, que colocan en grave riesgo nuestros derechos.
Un Tribunal Constitucional es de la más alta importancia. Es el máximo intérprete de la Constitución, lo cual contribuye a la estabilidad política del país y a la vigencia de los derechos que discute: salud, educación, trabajo, identidad, orientación sexual e identidad de género, discriminación, violencia sexual, participación política, lucha contra la corrupción, consulta previa, pueblos indígenas, acceso a la justicia y muchos otros más que atraviesan nuestra vida; de ahí la importancia de que sus miembros tengan profundos valores democráticos.
Durante este proceso de selección se constatan candidaturas de personas, algunas hoy finalistas, que no cumplen los requisitos para el cargo. Hay requisitos esenciales que no han sido considerados, como el de “solvencia e idoneidad moral”, incurriendo además en evaluaciones arbitrarias.
Asegurar la independencia del nuevo Tribunal Constitucional es fundamental. Sin embargo, algunos finalistas cuentan con vínculos partidarios y/o laborales con miembros de las bancadas que buscan elegirlos. Ello es ilegal, es un grave conflicto de intereses, aleja al proceso de los estándares supranacionales y es un golpe letal a la confianza ciudadana.
Lima, 17 de abril de 2022
Firmas:
NECESITAMOS UNA NACIÓN DONDE LA CORRUPCIÓN NO SEA UNA FORMA CONSENTIDA DE GOBERNAR
Este 6 de junio se definirá el futuro del país para las siguientes décadas. La primera vuelta electoral mostró que un importante sector de la ciudadanía exige cambios urgentes y profundos en un sistema que ha traído desigualdad, pobreza y exclusión agudizadas durante la crisis económica y sanitaria, que ya ha cobrado más de 180 mil vidas en nuestro país.
Se ha expresado también el contundente rechazo, a nivel nacional, a la candidatura de Keiko Fujimori, que representa una opción autoritaria que reivindica la dictadura corrupta y violadora de derechos humanos dirigida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con innegables vínculos con el crimen organizado. Un nefasto régimen que sistematizó la corrupción, que es hoy uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional, amenaza permanentemente la gobernabilidad democrática, atenta contra los derechos de la población, les niega acceso a servicios elementales.
La candidatura de Pedro Castillo recibió un importante respaldo ciudadano, para enfrentar en esta segunda vuelta a la candidata Fujimori. Responsabilidad que conlleva ineludibles y necesarios compromisos con la ciudadanía que vigilará su cumplimiento. Saludamos que haya convocado a personalidades de comprobada trayectoria y compromiso. Sin embargo, es indispensable que exprese su voluntad firme y clara de trabajar para erradicar la corrupción e impunidad en todas sus formas y manifestaciones, vengan de donde venga.
Somos los peruanos y peruanas, con nuestro voto, quienes tenemos la principal responsabilidad de impedir la grave amenaza del retorno de un régimen corrupto que sólo busca lograr su impunidad.
Ante ello, alcanzamos los siguientes elementos que, entre otros, responden a compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y deben formar parte de un serio debate para avanzar hacia una Política Nacional Anticorrupción efectiva:
Firmantes:
Ciudadanos y ciudadanas:
Siguiendo las recomendaciones de Oslo[1] de la segunda sesión sobre Gran Corrupción (“Corruption involving Vast Quantities of Assets”), donde se reunieron 140 expertos de más de 50 países, del 12 al 14 de junio de 2019, en línea con las recomendaciones de la primera sesión sostenida en Lima en diciembre de 2018[2], los países firmantes declaramos lo siguiente:
Firmantes:
Organizaciones nacionales, regionals y globales
Redes, Asociaciones privadas, organismos de la Diócesis
Ciudadanos y Ciudadanas
El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) y los que suscriben, ante los hechos acontecidos a raíz de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, señala lo siguiente:
Finalmente, expresamos ante la opinión pública que estos actos de presunta corrupción y pugna por el poder son en sí mismos evidencia de cómo desatienden y violan los derechos humanos. La ciudadanía y la sociedad civil organizada no dejará de asumir activamente la defensa de las bases de la democracia, la investigación de todos los actos de corrupción con respeto del debido proceso, la defensa de la autonomía de las instituciones, la necesidad de una reforma política inclusiva para el 2021 y la protección de las poblaciones más golpeadas en plena pandemia. El Estado debe resolver en forma legal e inmediata la crisis, para no dejar de lado la promoción y defensa de la vida, la salud, y el trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen siendo desprotegidos.
Suscriben:
Adhesiones personales:
Nuestro país se encuentra duramente golpeado por la pandemia. Habría más de 500 mil personas infectadas y tendríamos más de 43 mil fallecidos por coronavirus. Penosamente nos hemos convertido en el tercer país con mayor mortalidad a nivel global. Vivimos una tragedia excepcional que ha colocado a millones de ciudadanos y ciudadanas en situación de enfermedad, desempleo y hambre.
Frente a esta situación urge que las autoridades actúen de inmediato proponiendo políticas y medidas concretas que respondan a esta grave crisis y no a intereses particulares, corporativos o empresariales. La denegación de confianza al Gabinete Cateriano, más allá del cuestionable desempeño de grupos políticos identificables, debe ser respetada y asumida como un llamado de atención al gobierno para que priorice la vida, la salud y el bienestar de todas y todos.
Corresponde al Congreso de la República atender la emergencia estableciendo puentes de diálogo, y al Ejecutivo, concertar con las fuerzas vivas del país, expresadas en las comunidades, organizaciones sociales, gremios sindicales, iglesias, partidos políticos, entre otros, para definir una agenda que ponga en el centro del diálogo el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, que garantice una política de subsidio universal y erradique toda forma de violencia, exclusión, corrupción y discriminación.
Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos nuestra disposición a sumar en la construcción de los cambios urgentes que el país demanda.
Perú, 06 de agosto del 2020
Suscriben:
Nos reafirmamos en la necesidad de transitar hacia “una nueva convivencia”, que signifique crear las condiciones para construir un país más igualitario e inclusivo, basado en el desarrollo desde los territorios y en busca del buen vivir, las capacidades, el respeto mutuo y la solidaridad de sus ciudadanos y ciudadanas; sin ningún tipo de discriminación. Que brinde a todas oportunidades de empleo decente y una vida digna. En el marco de un nuevo pacto social para nosotros/ nosotras y las nuevas generaciones.
En camino a esa nueva convivencia es necesario, continuar y profundizar la lucha contra la corrupción que es el peor virus que sigue atacando al Perú.
Ha sido un elemento clave para impedir el derecho a una vida digna a la gran mayoría de peruanas y peruanos. Su impacto es múltiple y a todo nivel: en la política, en la economía, en el desarrollo, en el tejido social, en la lucha contra las desigualdades de género y en el ejercicio de todos nuestros derechos.
En la actualidad, aprovechando la pandemia, a 2 años de las denuncias sobre “los Cuellos Blancos”, “Lava Jato” y tantos otros casos de corrupción, estos grupos se encuentran a la ofensiva pretendiendo retomar o continuar dominando espacios claves del sistema de justicia, apoyados por el silencio cómplice de autoridades responsables de combatirlos.
Prueba de ello es que 11 de los investigados por delitos graves por el caso Lava Jato han sido excarcelados por el Poder Judicial. En el Congreso, pretenden minimizar las denuncias contra el corrupto ex fiscal de la nación Chavarri y acoger otras sin sustento contra fiscales que los investigan. En todas las regiones las redes de corrupción continúan intactas.
La alianza entre los grupos económicos monopólicos y políticos que han capturado el Estado utilizando su poder para su propio beneficio, han favorecido y alimentado la corrupción, han debilitado la democracia, distorsionado la función de sus instituciones, y con un desmedido afán de lucro sacrifican la vida y el futuro del pueblo y el desarrollo de todas las regiones del país.
No podemos permitir que en plena pandemia persista este afán de lucro, y continúe la corrupción como en el sector salud, en la policía nacional, en gobiernos regionales y locales, sacrificando la vida de los profesionales de la salud y de la población más vulnerable. La compra y especulación con los medicamentos, el oxígeno, mascarillas, guantes, equipos médicos, las canastas básicas familiares para los más pobres ha sido motivo de especulación y corrupción, hasta en 700% durante la cuarentena. Y ahora se incrementan los abusos con los despidos disfrazados de “suspensión perfecta” y con el apremio del cobro de los servicios y las deudas bancarias.
Sentimos vergüenza por los congresistas, presidentes, gobernadores y alcaldes que alguna vez elegimos y han sido denunciados, presos o procesados, por delitos de corrupción robándole recursos y oportunidades de desarrollo a los más necesitados, ahondando el deterioro moral y la desconfianza ciudadana.
Esta situación no debe continuar, menos aún ante la grave crisis económica que asola nuestro país. Para ello es necesaria la más amplia unidad de los sectores sanos de nuestra sociedad que han apostado por la vida, por un país justo, democrático, igualitario, paritario y libre de corrupción e impunidad, denunciando y actuando, desde la sociedad civil y apoyando a los fiscales y jueces probos y honestos y a la prensa independiente que han investigado y denunciado la corrupción y continúan haciéndolo, pese a todos los intentos de acallarlos.
La lucha contra la corrupción debe conducirnos a la reforma y reorganización de TODO el sistema de justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, de acuerdo a los principios democráticos de independencia y autonomía de poderes, actuar con solvencia moral y compromiso implacable contra la corrupción. La actitud firme de la Junta Nacional de Justicia es un mandato esencial en esta tarea reformadora.
Saludamos y respaldamos la valiente Denuncia Constitucional de la Fiscal de la Nación Dra. Zoraida Avalos contra un Fiscal Supremo, un Juez Supremo y dos miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura.
Nuestro país necesita con urgencia una transformación, nos reafirmamos en el compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Un mundo mejor es posible, ello exige una nueva cultura política y la revalorización de la comunidad, de la participación ciudadana organizada, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para lograr una vida digna, con un nuevo pacto social que se comprometa con la justicia, la igualdad, la democracia, la paridad, la lucha contra la violencia de género y la erradicación del racismo que afecta fundamentalmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
En esta tarea Convocamos a la formación de PLATAFORMAS REGIONALES CONTRA EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, con la participación de todas y todos los actores políticos y sociales donde se encuentren.
A fines de año habrá cambio de autoridades judiciales y fiscales. Es una oportunidad para expulsar el virus endémico de la corrupción del sistema de justicia.
En estos momentos difíciles para el país, el deber del Presidente Vizcarra y de los congresistas que se oponen a blindar a los corruptos, es impulsar y defender la reforma política y la del sistema de justicia, requisito para una nueva convivencia.
JUNTOS Y JUNTAS CONTRA LA IMPUNIDAD
JUNTOS Y JUNTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE MATA
JUNTOS Y JUNTAS POR LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA PARA TODOS Y TODAS
ADHESIONES:
REDES NACIONALES
INSTITUCIONES:
CIUDADANOS:
¿Te sumas? Aquí puedes hacerlo.
#MásAlláDelDiscurso
¿Un partido comprometido con la lucha contra la corrupción llevaría a ex funcionarios sancionados por faltas administrativas muy graves?
TRES INHABILITACIONES
“No puede haber seguridad ciudadana con 55,000 policías acusados de faltas graves según el Ministerio del Interior y tampoco puede haber justicia con una multitud de jueces y fiscales corruptos. Necesitamos un ente externo a las entidades que boté a los corruptos”, enfatizó Francisco Diez Canseco, líder de Perú Nación en el debate de candidatos al Congreso organizado por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 19 de enero.
Diez Canseco se refería a su propuesta de establecer un “Consejo Nacional de Moral Pública”. Según esa propuesta, el Consejo debería empezar por el caso de su candidato al Parlamento, por la región Tumbes, Jaime Alberto Hernández Soto.
Según el portal “Tu tienes el control” de la Contraloría General de la República; Hernández Soto registra 3 sanciones impuestas por dicho organismo de control por irregularidades cometidas durante su gestión como Sub-Gerente de Obras del Gobierno Regional de Tumbes. Y las faltas no fueron leves.
En los 3 casos se determinó que cometió faltas muy graves referidas al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO II-2 y el mismo Gobierno Regional de Tumbes; lo que le significaron a Jaime Hernández la INHABILITACIÓN por 4 y 5 años.
Así, de acuerdo al registro, las sanciones siguen vigentes. Primera de ellas fue impuesta el 4 de enero de 2018 y concluirá el 4 de enero de 2022. Luego, el 5 de abril de 2018 se le impuso la segunda sanción de inhabilitación. Esa estará vigente hasta el 5 de abril de 2023. Y la última inició el 3 de mayo de 2018 y vence el 3 de mayo de 2023.
Y no es lo único. Hernández además figura en 11 informes de auditoría con presuntas responsabilidad por irregularidades administrativas. Los informes fueron emitidos entre 2013 (1), 2014 (9) y 2017 (1).
LOS OTROS SANCIONADOS
Perú Nación no es el único partido que lleva entre sus filas a sancionados por la Contraloría. Perú Patria Segura y Alianza para el Progreso son las otras dos organizaciones.
Por Perú Patria Segura va Jaime Rojas Cerna (Cajamarca). El 25 de enero de 2018, la Contraloría lo INHABILITÓ por 5 años por una falta muy grave cometida durante su gestión en la Jefatura de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.
La sanción de Rojas Cerna culmina el 25 de enero de 2023. De llegar al Congreso tendría vigente la inhabilitación para ejercer cargo público ¿podría asumir de ser electo parlamentario?.
Finalmente, Alianza por el Progreso lleva entre sus filas a Luis Alberto Váldez Frías quien fue SUSPENDIDO temporalmente por 360 días. Contraloría determinó que el ex gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo cometió una falta grave durante su gestión.
La suspensión de Váldez inició el 14 de febrero de 2019 y acabará el 8 de febrero de 2020; es decir, poco antes de asumir el cargo de parlamentario de salir elegido este 26 de enero.
Luis Váldez figura, además, en 12 informes de Auditoría en los que la Contraloría detectó presunta responsabilidad. Estos fueron emitidos entre 2010 y 2016. A los 11 reportes vinculados a sus funciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo; se suma un Examen Especial de 2011 referido a la Municipalidad Distrital de Huanchaco.
Este 26 de enero tenemos la obligación de votar informados. Miremos más allá de los discursos anticorrupción y analicemos el comportamiento y rigurosidad de los partidos en incorporar a sus candidatos al Congreso.
dsdad
Comentarios recientes