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POR UN PERÚ SIN CORRUPCIÓN NI IMPUNIDAD

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NECESITAMOS UNA NACIÓN DONDE LA CORRUPCIÓN NO SEA UNA FORMA CONSENTIDA DE GOBERNAR

Este 6 de junio se definirá el futuro del país para las siguientes décadas. La primera vuelta electoral mostró que un importante sector de la ciudadanía exige cambios urgentes y profundos en un sistema que ha traído desigualdad, pobreza y exclusión agudizadas durante la crisis económica y sanitaria, que ya ha cobrado más de 180 mil vidas en nuestro país.

Se ha expresado también el contundente rechazo, a nivel nacional, a la candidatura de Keiko Fujimori, que representa una opción autoritaria que reivindica la dictadura corrupta y violadora de derechos humanos dirigida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con innegables vínculos con el crimen organizado. Un nefasto régimen que sistematizó la corrupción, que es hoy uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional, amenaza permanentemente la gobernabilidad democrática, atenta contra los derechos de la población, les niega acceso a servicios elementales.

La candidatura de Pedro Castillo recibió un importante respaldo ciudadano, para enfrentar en esta segunda vuelta a la candidata Fujimori. Responsabilidad que conlleva ineludibles y necesarios compromisos con la ciudadanía que vigilará su cumplimiento. Saludamos que haya convocado a personalidades de comprobada trayectoria y compromiso. Sin embargo, es indispensable que exprese su voluntad firme y clara de trabajar para erradicar la corrupción e impunidad en todas sus formas y manifestaciones, vengan de donde venga. 

Somos los peruanos y peruanas, con nuestro voto, quienes tenemos la principal responsabilidad de impedir la grave amenaza del retorno de un régimen corrupto que sólo busca lograr su impunidad. 

Ante ello, alcanzamos los siguientes elementos que, entre otros, responden a compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y deben formar parte de un serio debate para avanzar hacia una Política Nacional Anticorrupción efectiva:

  1. Erradicar la cultura del secreto en la gestión del Estado y las decisiones públicas, porque encubre el aprovechamiento indebido del poder para el beneficio de unos pocos. El Perú debe cumplir sus compromisos para un Gobierno Abierto y transparente, garantizar plenamente el derecho ciudadano de acceso a la información pública y asegurar su cumplimiento a través de órganos independientes de control.
  2. En el gobierno de Fujimori – Montesinos, la corrupción desvió directa o indirectamente, más de 14,000 millones de dólares. En el 2019, según la Contraloría, se han perdido más de 23,000 millones de soles por la corrupción. !Ese saqueo debe terminar! Se deben mejorar los mecanismos de contratación abierta, publicando todos los contratos y garantizar el pleno acceso a la ciudadanía en todo el proceso, desde su planificación hasta el control social de su ejecución.
  3. La corrupción no es un delito sin víctimas y no se comete sólo contra el Estado. Afecta los derechos de personas y comunidades que deben ser compensados y se debe priorizar la reparación de los daños causados.
  4. Erradicar la corrupción política y la infiltración del crimen organizado en los partidos; adoptando medidas eficaces para garantizar transparencia y responsabilidad en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control; haciendo efectiva la responsabilidad de los dirigentes y sancionando severamente las infracciones.
  5. Erradicar los lobbys exigiendo que toda autoridad y funcionario con capacidad de decisión cumpla con su Declaración Jurada de Intereses y de Bienes y Rentas, las cuales deben ser publicadas, exhaustivamente verificadas y su incumplimiento debe ser sancionado. Terminar con las “puertas giratorias” y el tráfico de influencias.
  6. Respetar la plena independencia del Sistema de Justicia: Poder Judicial y Ministerio Público, apoyar la celeridad de las investigaciones y los procesos judiciales. Garantizar la acción de la justicia, sea quien sea, incluidos quienes vienen siendo investigados y están vinculados a ambos partidos en contienda. Rendir cuentas a la opinión pública, periódicamente, sobre los resultados de los procesos penales contra la corrupción. El Perú merece una Justicia sin corrupción, que no sea cómplice de la impunidad, sino que garantice la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad y la seguridad ciudadana.
  7. Fortalecer el Sistema Nacional de Control, procuradurías anticorrupción, las entidades encargadas de las políticas de integridad y anticorrupción, los organismos reguladores, la Unidad de Inteligencia Financiera y las divisiones de investigación especializadas de la Policía Nacional. Impulsar una reforma efectiva de la PNP para ponerla al servicio de la protección de los derechos de la población y no de la corrupción y el crimen organizado.
  8. Adoptar un enfoque de género en la lucha contra la corrupción, para identificar, prevenir y sancionar los delitos que afectan especialmente, los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, gays, bisexuales, intersex y grupos vulnerabilizados como la sextorsión y la impunidad de los violadores. Crear mecanismos eficaces de denuncia y protección a testigos y víctimas.
  9. Promover la participación y vigilancia ciudadana; garantizando la seguridad de los y las activistas anticorrupción, testigos, denunciantes y periodistas que contribuyen a investigar, descubrir y denunciar los casos de corrupción.
  10. Abrir canales para incorporar a expertos y expertas y representantes de la sociedad civil para debatir las normas legales existentes, identificar los vacíos y deficiencias y, aportar en una Política Nacional Integral contra la Corrupción y la Impunidad.

Firmantes:

  1. Grupo de Trabajo contra la Corrupción – GTCC
  2. Actitud Ecológica Cieneguilla Perú
  3. Adprosa SJL
  4. AFFIDARE – Asociación de Femenistas Independientes de Arequipa
  5. ANC – Asociación Nacional de Centros
  6. Asociación Amar C
  7. Asociación Arariwa
  8. Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía
  9. Asociación de Comunicadores Sociales Calandría
  10. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  11. Asociación Proyecto Amigo
  12. Asociación de Servicios Educativos Rurales – SER
  13. Centro Bartolomé de las Casas
  14. Centro de Desarrollo Étnico
  15. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
  16. Colectiva 8 de Marzo
  17. Colectiva Mujer y Poder
  18. Colectivo por la Igualdad de Género
  19. Colectivo Sonqo Warmi Cusco
  20. Comité Ana Tallada
  21. Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH
  22. Comisión de Justicia Social – Chimbote
  23. CooperAcción
  24. DEMUS
  25. Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
  26. Empoderadxs
  27. Feministas por la Democracia
  28. Fomento de la Vida – FOVIDA
  29. Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa
  30. Forum Solidaridad Perú
  31. Frente Popular de Lucha de La Libertad – FREPOLL
  32. Grupo Propuesta Ciudadana
  33. Instituto de Desarrollo Local
  34. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – FILS
  35. Más Cultura Más Perú
  36. Ni Una Menos Trujillo – NUM Trujillo
  37. Movimiento Manuela Ramos
  38. No a Keiko – NAK ROJO
  39. NUM SOMOS TODAS – San Juan de Lurigancho
  40. OSB María Parado de Bellido – San Juan de Miraflores
  41. Red para la Infancia y la Familia / Mesa de Trabajo sobre
  42. SEDYS Trujillo

Ciudadanos y ciudadanas:

  1. Alberto Chirif
  2. Alejandra Ballón Gutiérrez
  3. Alejandra Vera Arias
  4. Allí Key Talavera Alegre
  5. Amador Inosencio Alegre de la Cruz
  6. Ana Correa Benitez
  7. Ana Sofía Soberón
  8. Andrés Huguet Polo
  9. Antuanet Miluska Santos Baique
  10. Betty Rosa Marroquín Balcazar
  11. Betsey Cecilia Valdivia López
  12. Blanca Merino Vásquez
  13. Carlos Alberto Quispe Dávila
  14. Carmen Germán Palacios Seoane
  15. Carol Ruiz Morán – DNI 25756952
  16. Cecilia Sueiro – DNI 45305139
  17. Christian Breustedt – DNI 001185741
  18. Christiane Durand Cerna – 40166345
  19. Clara Winterniyz – DNI 000201700
  20. Daniel Esteban Córdova Vásquez – DNI 07520300
  21. David Roca Basadre – DNI 09490813
  22. Delfina Luz Arroyo Encalada – DNI 06831175
  23. Diana Miloslavich – DNI 07641982
  24. Diana Párraga Gamarra – DNI 40548247
  25. Efraín Dionisio Barrera Rivera – DNI 06221240
  26. Elena Muguruza – DNI 06508834
  27. Eliana Catherine Pérez Barrenechea – DNI 41361678
  28. Emiliano Crisanto Tineo – DNI 16644396
  29. Fani Lilian Quiñones Carlos – DNI 17892392
  30. Felicita Lourdes Chávez Morey – DNI 09049249
  31. Francisco Soberón – DNI 10272012
  32. Gabriela Minaya Martínez – DNI 09630706
  33. Germán Vargas Farías – DNI 07563554
  34. Germán Victor Calderón Orellana – DNI 7349625
  35. Gina Chacón Antezana – DNI 10220978
  36. Gino Ceccarelli Bardales – DNI 7858147
  37. Giovanna Violeta Pereda Pérez – DNI 09620311
  38. Gladis Elena Meléndez Vargas – DNI 07726190
  39. Gladys Y. Mamani Choqueza – DNI 43056615
  40. Gloria Helfer Palacio – DNI 10143763
  41. Graciela Nemesia De la Cruz Pantaña – DNI 07818401
  42. Gredna Landolt Pardo – DNI 07850203
  43. Gregorio Guevara Estela – DNI 33672617
  44. Guiliana Miñano Mejía – DNI 46311901
  45. Hammerli Lozano Huari – DNI 07684373
  46. Humberto Yllescas Quiroz – DNI 43017488
  47. Ines Vilca Méndez – DNI 17916267
  48. Jackeline Castillo Jayme – DNI 40863373
  49. Jacqueline Valenzuela Jímenez – DNI 04067200
  50. Janett Aracelli Ramírez Plasencia – DNI 07954196
  51. Jasmin Mariella Salas Enriquez – DNI 70882472
  52. Javier Niño de Guzmán – DNI 07591062
  53. José Natividad Linarez Valles – DNI 801890
  54. Judith del Rosario Ortega Porras – DNI 45946812
  55. Julio Rubén Bustamante Soto – DNI 255853619
  56. Karin Lizzet Díaz Valdez – DNI 77923603
  57. Karina Aldaba – DNI 42393714
  58. Ledda Salazar Piaggio – DNI 09753166
  59. Libia Palestina Sulca Sánchez – DNI 10792896
  60. Lidia Carrión – DNI 17916509
  61. Lidia Portocarrero de Alonso – DNI 07590076
  62. Lucy Herminia Muñoz Torres – DNI 29448318
  63. Luis Francisco Bravo García – DNI 05351598
  64. Luis Martín Quintana Jamanca – DNI 07662324
  65. Luis Miguel Purizaga Vértiz – DNI 41870907
  66. Luz Marlene Valenzuela Jímenez – DNI 09410805
  67. Magdalena Sofía Castillo Grimaldo – DNI 07265124
  68. Manuel Iguíñiz E. – DNI 08711365
  69. Manuel Joel Durand Aguilar – DNI 03693430
  70. Marco Arcadio Quispe Huanaco – DNI 45449097
  71. María Blanca Marchand López de Alegre – DNI 08307258
  72. María Elsa Bustamante Soto – DNI 25724311
  73. María Eva Orozco Gonzaga – DNI 08092526
  74. María Teresa Mendoza Benavides – DNI 08245390
  75. María van der Linde B. – DNI 06880095
  76. Maricarmen Rodas Ramírez – DNI 70747279
  77. Mario Sánchez Cuadros – DNI 08245561
  78. Maritza Enriqueta Chávez Gonzáles – DNI 08014798
  79. Maruela Jara Salas – DNI 08051392
  80. Miguel Ángel Ruiz Guillén – DNI 32963523
  81. Milagros Valenzuela Jímenez – DNI 40283884
  82. Nancy Isabel Domínguez Sánchez – DNI 18173773
  83. Natalia Iguíñiz Boggio – DNI 09852744
  84. Noeli Massoni – DNI 001778645
  85. Pablo Fernando Montalván Tuesta – DNI 07241749
  86. Pilar Seoane deB – DNI 8226827
  87. Rafael Goto Silva – DNI 06898308
  88. Randolfo Santiago Asenjo Dávila – DNI 07798807
  89. Renato A. Alegre – DNI 08307257
  90. Ricardo Cáceres Solis – DNI 09088218
  91. Rocio Celeste Paz Ruiz – DNI 8937186
  92. Rocio Maldonado Alarcón – DNI 43134022
  93. Rocio Silva Santisteban Manrique – DNI 07822730
  94. Roger Alfonso Mendoza Contreras – DNI 06187787
  95. Romina Stephanie Villanueva Trujillo – DNI 42204947
  96. Rosa Emerita Urbano Boy – DNI 07176674
  97. Rosa María Gastañeta Alayza – DNI 10269453
  98. Rosa Sueiro Cabredo – DNI 07238150
  99. Rosa Ydray Negrón Zare – DNI 06243879
  100. Rosario Chuquiruna Velásquez – DNI 43919961
  101. Rosario Narváez Vargas – DNI 07594485
  102. Sandra Angélica Oblitas Barraza – DNI 25753337
  103. Socorro Palomino Zavala – DNI 6451480
  104. Sonia Johana Asurza Espiritu – DNI 46618335
  105. Sonia Maritza Alegre de la Cruz – DNI 09559110
  106. Tania Libertad Gastulo Panta – DNI 06047846
  107. Valeria Pérez Miranda – DNI 72539394
  108. Víctor Arroyo Cuyubamba – DNI 07211449
  109. Víctoria Villanueva Chávez – DNI 07577824
  110. Virginia Vargas Valente – DNI 07722574
  111. Walter Valer Chacón – DNI 06652809

DECLARACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

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Siguiendo las recomendaciones de Oslo[1] de la segunda sesión sobre Gran Corrupción (“Corruption involving Vast Quantities of Assets”), donde se reunieron 140 expertos de más de 50 países, del 12 al 14 de junio de 2019, en línea con las recomendaciones de la primera sesión sostenida en Lima en diciembre de 2018[2], los países firmantes declaramos lo siguiente:

  1. Todas las formas de corrupción en general, y en particular la gran corrupción, tienen un impacto muy negativo en la paz y seguridad globales, los derechos humanos[3], el clima y la biodiversidad; todos ellos Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por las NNUU como la agenda global al 2030.
  2. A raíz de la pandemia del SARS COVID 19, la violación de derechos humanos derivadas de la corrupción ha sido masiva, a través de diversas prácticas corruptas en la adquisición de equipos médicos, medicinas, vacunas, así como el otorgamiento de asistencia económica a los afectados por la pandemia. La corrupción refuerza los privilegios, como el acceso a la asistencia sanitaria y las prestaciones socioeconómicas, de algunos cuantos, a costa de la vida y la salud de millones de seres humanos.
  3. Lo que está ocurriendo con la corrupción en el contexto de la pandemia nos obliga a reiterar la necesidad de transparencia y responsabilidad en los contratos gubernamentales, en particular en aquellos que son esenciales para la supervivencia de millones de personas, como los contratos para la compra de vacunas; la necesidad de una gestión más estricta de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos con capacidad para otorgar dichos contratos; la relevancia de contar con autoridades judiciales y organismos de monitoreo profesionales e independientes para garantizar que se cumplan las funciones sin influencias políticas, así como la importancia de identificar al último beneficiario en todo contrato que involucre vastas cantidades de bienes y dinero.
  4. Es indispensable que los Estados hagan un esfuerzo por identificar a las víctimas de la corrupción, tanto individuales como colectivas, y establezcan mecanismos de compensación por los daños que han sufrido. En particular, la compensación debe estar orientada a que reciban los bienes y servicios públicos que la corrupción ha desbaratado.
  5. No puede haber impunidad para los responsables de la corrupción. Deben alentarse las investigaciones conjuntas entre los Estados involucrados, eliminar la inmunidad para sus autores, sancionar a los profesionales que la facilitan (abogados, contadores, banqueros, etc.), e implementar un mecanismo de supervisión internacional como un Comisionado Especial Anticorrupción. Los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general son los más indicados para alertar de los daños causados y es necesario asegurar, proteger y respetar su participación en la solicitud de aplicación y compensación de los daños colectivos derivados de la corrupción.

Firmantes:

 Organizaciones nacionales, regionals y globales

  1. Acción Ciudadana, Guatemala
  2. Africa Centre for Open Governance (AfriCOG), Kenya
  3. Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), Nigeria
  4. Al-Nahrain Foundation for Supporting Transparency and Integrity (NFTI), Iraq
  5. Anti Corruption International, Gambia
  6. Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía, Perú
  7. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)
  8. Asociación para una Sociedad Más justa, Honduras
  9. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
  10. AWTAD Anti-Corruption Organization, Yemen
  11. Belize PEACE Movement
  12. Central Asian Research Institute on Corruption and Money Laundering, Kyrgyzstan
  13. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, Perú
  14. Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption, Democratic Republic of the Congo
  15. Centre for Civil and Political Rights, Switzerland
  16. Center for the Study of Democracy, Bulgaria
  17. Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia, Perú
  18. CooperAcción, Perú
  19. Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM),  México
  20. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
  21. Fomento de la Vida (FOVIDA), Perú
  22. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
  23. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
  24. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), El Salvador
  25. Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana  (TI Panamá)
  26. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps),  Argentina
  27. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Austria
  28. Government Accountability Project, USA
  29. Impunidad Cero, México
  30. Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
  31. Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH), Perú
  32. International Association for Advancement of Innovative Solutions to Global Solutions, Austria
  33. Jordan Transparency Center
  34. Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption (LICOCO), Democratic Republic of Congo
  35. Movimiento Manuela Ramos, Perú
  36. Poder Ciudadano, Argentina
  37. Proética (TI Perú), Perú
  38. SEDYS Trujillo, Perú
  39. Semillas para la Democracia, Paraguay
  40. TOJIL, México
  41. Transparency International Anticorruption Center, Armenia
  42. Transparency International Germany
  43. Transparency International Georgia
  44. Transparency International Taiwan
  45. Transparency Mauritius
  46. Transparencia Mexicana (TI México)
  47. Transparency Morocco
  48. Transparencia por Colombia
  49. Transparencia Venezuela
  50. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania
  51. Uruguay Transparente
  52. Yemeni Observatory for Human Rights
  53. World Society of Victimology

Redes, Asociaciones privadas, organismos de la Diócesis

  1. Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque, Perú
  2. Cámara de Comercio de Lima, Perú
  3. Comisión de Justicia Social Chimbote, Perú
  4. Consejo Privado Anticorrupción, Perú
  5. Empresarios por la Integridad, Perú
  6. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), Perú

Ciudadanos y Ciudadanas

  1. Miguel Ángel Gómez Jácome, México
  2. Naomi Roht-Arriaza, Distinguished Professor of Law, University of California, Hastings
  3. Karen Hussmann, Member of International Council of Transparency International
  4. Michael O’Connell, Consulting Victimologist, Australia
  5. Cruz Silva Del Carpio, Coordinadora del GTCC, Perú*
  6. Jaime José Galdos Cruz, Activista y promotor de derechos, Perú*
  7. Irma Ganoza, Coordinadora de la región La Libertad, Perú*
  8. Christian Breustedt, Perú*
  9. Juanita Olaya García, Colombia y Alemania
  10. Grzegorz Malowski, Assistant Professor of Sociology, Warsaw School of Economics, Poland.
* Miembros del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – GTCC (Perú)
[1]https://www.unodc.org/documents/corruption/meetings/OsloEGM2019/Oslo_Outcome_Statement_on_Corruption_involving_Vast_Quantities_of_Assets_-_FINAL_VERSION.pdf
[2] https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/Lima-egm-2018.html
[3]Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción genera, directa o indirectamente, la violación de los derechos humanos o forma parte del contexto que favorece las violaciones graves de estos derechos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Corruption and Human Rights: Inter-American Standards. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, December 6, 2019, paras. 136, 138 and 246, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/CorruptionHR.pdf.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA: Urge asumir responsabilidades políticas y detener el proceso de elección de Magistrados del TC

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El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) y los que suscriben, ante los hechos acontecidos a raíz de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, señala lo siguiente:

  1. Los audios deben ser materia de investigación con respeto irrestricto del debido proceso, sea en instancia fiscal o del Congreso; porque solo ello garantiza el hallazgo de la verdad y la debida identificación de responsabilidades de presuntos delitos que involucran al presidente de la República, sin manejos políticos de por medio.
  2. La actuación del congresista Edgar Alarcón ha terminado de vulnerarsu frágil legitimidad para dirigir la Comisión de Fiscalización. La difusión de audios que son materia de investigación, de espaldas a la Comisión que preside, en los que uno de los actores ahora se desdice, no garantiza la imparcialidad y cuidado en la investigación. Por esta responsabilidad el congresista Alarcón debe ser removido de ese cargo; y a la par, habida cuenta de las investigaciones fiscales que pesan en su contra, retirado de dicha Comisión.
  3. La actuación del congresista Manuel Merino evidencia una corresponsabilidad en lo acontecido. Pero no solo eso. La llamada a las fuerzas armadas, así como los mensajes al Ministro de Energía y Minas por personas allegadas a su partido en el Congreso sobre un Gabinete de Transición, informadas por este funcionario público, ponen de manifiesto un serio peligro del orden democrático, así como una presunta conspiración a la rebelión o conspiración a la sedición. Estos hechos no deben permanecer impunes. En este sentido el GTCC solicita con urgencia el paso al costado del congresista Manuel Merino y de la Mesa Directiva del Congreso, quienes deben asumir el costo político de estos graves hechos.
  4. La magnitud de los hechos conocidos, así como la demora en la adopción de medidas que permitan la investigación de los audios con garantía del debido proceso, y la remoción de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de Fiscalización; demostrarían que hay más involucradosmás aun cuando de esta situación se terminan beneficiando los poderes y líderes políticos que minimizan los hechos, y que han demorado en concretar una reforma política con miras a las elecciones del 2021. Esas responsabilidades también deben investigarse.
  5. El GTCC solicita que se pongan en el más breve plazo en la agenda del Pleno del Congreso las reformas políticas que incluyan mecanismos que garanticen elecciones representativas, inclusivas, limpias y democráticas. Por ejemplo, el voto preferencial y el financiamiento de partidos, fuente de corrupción largamente evidenciada en el caso Lava Jato; o que el 50% de financiamiento sea dirigido a promover las candidaturas de las mujeres, así como el 50% de la franja electoral. Incluyendo el derecho a representación política de los pueblos indígenas. El plazo de aprobación, para que sean exigidas en las elecciones del 2021, es el 28 de septiembre.Saludamos y apoyamos el trabajo de la prensa independiente que informó oportunamente sobre el atentado contra el estado de derecho, referido a la llamada que en medio de la crisis política se hiciera a las fuerzas armadas que no son deliberantes.
  6. El GTCC recuerda y defiende el derecho a la verdad y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a estar informadas, mucho más en pandemia y en situaciones que ponen en riesgo la democracia, tal como ha subrayado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  7. Asimismo, al no haber legitimidad y garantías de objetividad, independencia e imparcialidad en el desempeño del Congreso a la luz de estos hechos que son aún impunes dentro del Congreso, el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional debe suspenderse. La crisis política evidencia que no existen las condiciones mínimas que garanticen a la ciudadanía el respeto a la autonomía e independencia de poderes e instituciones (como la SUNEDU, el JNE, entre otros) cuyos procesos de designación, reforma y/o fiscalización están a cargo del Congreso.

Finalmente, expresamos ante la opinión pública que estos actos de presunta corrupción y pugna por el poder son en sí mismos evidencia de cómo desatienden y violan los derechos humanos. La ciudadanía y la sociedad civil organizada no dejará de asumir activamente la defensa de las bases de la democracia, la investigación de todos los actos de corrupción con respeto del debido proceso, la defensa de la autonomía de las instituciones, la necesidad de una reforma política inclusiva para el 2021 y la protección de las poblaciones más golpeadas en plena pandemia. El Estado debe resolver en forma legal e inmediata la crisis, para no dejar de lado la promoción y defensa de la vida, la salud, y el trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen siendo desprotegidos.

Suscriben:

  • Grupo de Trabajo contra la Corrupción – GTCC
  • Asociación Nacional de Centros – ANC
  • Asamblea De Delegados De Organizaciones De La Sociedad Civil De Lambayeque – ADOSCIL (Lambayeque)
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Perú
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP
  • Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas – GREF
  • Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
  • Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú – ONAMIAP
  • Red de Estudiantes y Egresados de Maestrías y Diplomados de Infancia del Perú
  • Acción Solidaria para el Desarrollo – CooperAcción
  • Acción por los Niños
  • Alternativa Centro de Investigación y Educación Popular
  • AS Defensoras de la Vida y de la Pachamama (Cajamarca)
  • Asociación Arariwa
  • Asociación Civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía
  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Asociación de Desarrollo Social Lestonnac – ADS Lestonnac
  • Asociación de Mujeres Juntas Emprendemos de Colonización e Irrigación San Lorenzo Tambogrande (Piura)
  • Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS Trujillo
  • Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
  • AYNE PERÚ
  • Buckner Perú
  • Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
  • Centro de Asesoría Laboral del Perú – CEDAL
  • Centro de Desarrollo Andino SISAY
  • Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP
  • Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública – CICAP
  • Centro de Investigación y Estudios Económicos, Educativos, Sociales y Culturales – CIESCU
  • Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
  • Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad – Equidad
  • Centro de Promoción de la Mujer (CPM) Micaela Bastidas
  • Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional – CEPRODEP
  • Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social – CEDEPAS Norte
  • Centro Loyola de Ayacucho
  • Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
  • Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA
  • Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ
  • Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS
  • Comité del Agua (Loreto)
  • Consejo Regional de la Mujer – COREMU Cajamarca
  • Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
  • Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
  • Fomento de la Vida – FOVIDA
  • Forum Solidaridad Perú
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
  • GRUFIDES
  • Grupo Género y Economía
  • Illa Centro de educación y comunicación
  • Instituto de Defensa Legal – IDL
  • Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo (Trujillo)
  • Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores – IFEJANT
  • Instituto de Investigación y Promoción Social – IDIPS
  • Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica – IDPA
  • Instituto Paz y Esperanza
  • Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz – IPEDEHP
  • Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
  • Justicia, Paz e Integridad de la Creación Hnas. Caridad del Verbo Encarnado – JPIC – CCVI Perú
  • Movimiento Manuela Ramos
  • Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
  • Terre des Hommes Suisse

Adhesiones personales:

  • Félix Rojas Orellana – DNI 28311915
  • Roberto Lay Ruiz – DNI 01146587
  • Gladys Andrade Navarro – DNI 07243869
  • Hugo Cabieses Cubas – DNI 10585951
  • Rocío Valdeavellano –
  • Germán Vargas Farías – DNI 07563554
  • Carmen Rosa Cardoza – DNI 07832559
  • Lourdes Huanca – 044360701
  • José Alberto Siancas Gamboa – DNI 07403770
  • Rafael Goto Silva – DNI 06898308
  • Carmen Germán Palacios – DNI 06960751

SANCIONADOS POR CONTRALORÍA EN LISTAS AL CONGRESO

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#MásAlláDelDiscurso

¿Un partido comprometido con la lucha contra la corrupción llevaría a ex funcionarios sancionados por faltas administrativas muy graves? 

TRES INHABILITACIONES

“No puede haber seguridad ciudadana con 55,000 policías acusados de faltas graves según el Ministerio del Interior y tampoco puede haber justicia con una multitud de jueces y fiscales corruptos. Necesitamos un ente externo a las entidades que boté a los corruptos”, enfatizó Francisco Diez Canseco, líder de Perú Nación en el debate de candidatos al Congreso organizado por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 19 de enero.

Diez Canseco se refería a su propuesta de establecer un “Consejo Nacional de Moral Pública”. Según esa propuesta, el Consejo debería empezar por el caso de su candidato al Parlamento, por la región Tumbes, Jaime Alberto Hernández Soto. 

Según el portal “Tu tienes el control” de la Contraloría General de la República; Hernández Soto registra 3 sanciones impuestas por dicho organismo de control por irregularidades cometidas durante su gestión como Sub-Gerente de Obras del Gobierno Regional de Tumbes. Y las faltas no fueron leves.

En los 3 casos se determinó que cometió faltas muy graves referidas al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO II-2 y el mismo Gobierno Regional de Tumbes; lo que le significaron a Jaime Hernández la INHABILITACIÓN por 4 y 5 años.

Así, de acuerdo al registro, las sanciones siguen vigentes. Primera de ellas fue impuesta el 4 de enero de 2018 y concluirá el 4 de enero de 2022. Luego, el 5 de abril de 2018 se le impuso la segunda sanción de inhabilitación. Esa estará vigente hasta el 5 de abril de 2023. Y la última inició el 3 de mayo de 2018 y vence el 3 de mayo de 2023.

Registro de sanciones impuestas por Contraloría.

Y no es lo único. Hernández además figura en 11 informes de auditoría con presuntas responsabilidad por irregularidades administrativas. Los informes fueron emitidos entre 2013 (1), 2014 (9) y 2017 (1).

LOS OTROS SANCIONADOS

Perú Nación no es el único partido que lleva entre sus filas a sancionados por la Contraloría. Perú Patria Segura y Alianza para el Progreso son las otras dos organizaciones.

Por Perú Patria Segura va Jaime Rojas Cerna (Cajamarca). El 25 de enero de 2018, la Contraloría lo INHABILITÓ por 5 años por una falta muy grave cometida durante su gestión en la Jefatura de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

La sanción de Rojas Cerna culmina el 25 de enero de 2023. De llegar al Congreso tendría vigente la inhabilitación para ejercer cargo público ¿podría asumir de ser electo parlamentario?.

Finalmente, Alianza por el Progreso lleva entre sus filas a Luis Alberto Váldez Frías quien fue SUSPENDIDO temporalmente por 360 días. Contraloría determinó que el ex gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo cometió una falta grave durante su gestión.

La suspensión de Váldez inició el 14 de febrero de 2019 y acabará el 8 de febrero de 2020; es decir, poco antes de asumir el cargo de parlamentario de salir elegido este 26 de enero.

Luis Váldez figura, además, en 12 informes de Auditoría en los que la Contraloría detectó presunta responsabilidad. Estos fueron emitidos entre 2010 y 2016. A los 11 reportes vinculados a sus funciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo; se suma un Examen Especial de 2011 referido a la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

Este 26 de enero tenemos la obligación de votar informados. Miremos más allá de los discursos anticorrupción y analicemos el comportamiento y rigurosidad de los partidos en incorporar a sus candidatos al Congreso.

COP25: Cambio Climático y Corrupción

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Por: Ec. Hugo Cabieses Cubas*

A propósito de la COP25, y sus pobres resultados en Madrid, he recordado que en 2011 Transparencia Internacional (TI) publicó un libro de 446 páginas sobre corrupción y cambio climático que vale la pena desempolvar ahora.  Se trata de un trabajo colectivo promovido y auspiciado por Huguette Labelle, entonces Presidenta de TI; Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpace en esa época, y Ashok Khosla, entonces Presidente de International Union for Conservation fo Nature (IUCN).

Nada menos que 58 especialistas investigadores de 15 países escriben este libro y, a decir verdad, no dejan títere con cabeza en torno a la mitigación, la adaptación, al cambio climático y los bonos de carbono y los esquemas REED. En uno de los prólogos, el Informe dice que: 

“(E)s la primera publicación que analiza en forma exhaustiva los principales riesgo de corrupción relacionados con cuestiones climáticas y ofrece análisis esenciales que ayudarán a los responsables de la adopción de políticas, profesionales y otros actores relevantes a comprender los riesgos y desarrollar respuestas efectivas en un momento crítico, en el cual se están sentando las bases de la arquitectura de la gobernabilidad climática”. 

Los 58 expertos y profesionales abordaron cuatro áreas claves:

  1. Gobernabilidad y los principales desafíos para hacer frente al cambio climático;
  2. Mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con transparencia y rendición de cuentas;
  3. Adaptación al cambio climático identificando los riesgos de corrupción en el desarrollo de la resistencia al clima, el financiamiento y la implementación de estrategias; y,
  4. gobernabilidad forestal que responda a los desafíos de corrupción que prevalecen en el sector forestal e incorporar la integridad a las estrategias internacionales destinadas a frenar la deforestación y promover la reforestación.

Las buenas intenciones y la información casuística prevalecen a lo largo de todo el informe y los promotores señalan que, durante más de 15 años, el trabajo de Transparencia Internacional ha demostrado que si no se toman medidas para revertirla, la corrupción destruye la vida de las personas, devasta sus medios de subsistencia y frustra las iniciativas de justicia social y económica. Y añade que estos mismos riesgos se aplican a las políticas y acciones sobre el cambio climático: La solución consiste en lograr una gobernabilidad más sólida, y en asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación”.

Estuve en la presentación del informe en el Perú, en 2011, a pocos días de haber sido nombrado Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM). Fui invitado por Proética (Capítulo peruano de TI) y me solicitaron comentarlo, lo que no hice ya que me habían enviado el libro el día anterior pero me comprometí a leerlo con atención y tenerlo para consultas. Aún así, recuerdo haber dicho que la peor corrupción en este tema es la hipocresía de los mercados de carbono, la mercantilización de los bienes comunes: los recursos naturales – principalmente de los bosques – y el riesgo de que los pueblos indígenas pierdan sus territorios con los esquemas REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación).

También dije que el calentamiento global a consecuencia de la generación de GEI por acción humana tiene responsables principales, que son los países industrializados y ricos, cuyos gobernantes no quieren cambiar el modelo de producción y consumo, depredador y productor de GEI que se acumulan desde mediados del siglo XIX.

Ocho años después, Próetica estuvo en la COP25 en Madrid y el 6 de diciembre, Magaly Ávila, Directora del Programa de Gobernanza Ambiental, participó en el panel “Explorando los efectos de la transparencia en los múltiples niveles de Gobernanza climática”. El panel fue organizado por Transparencia Internacional como parte de las actividades por la Cumbre del Clima. 


Panel sobre efectos de transparencia en la gobernanza climática.  (Foto: Próetica)

Ávila dijo que se debe lograr una gobernanza más sólida y asegurar que las estrategias de mitigación y las soluciones de adaptación que se plantean a nivel local, nacional e internacional se basen en “la participación, la rendición de cuentas y la integridad” . Añadió, sin ambages, que “con todo lo que está en juego y frente a la urgencia del problema al que nos enfrentamos, debemos garantizar que las políticas sobre cambio climático sean justas, efectivas y transparentes, tanto en su diseño como en su implementación” y alertó:

"No tenemos tiempo, la Amazonía está siendo deforestada, 
la corrupción es una amenaza en nuestra lucha contra el cambio climático." 
(Renata Ávila, Proética)

En el Resumen Ejecutivo del libro publicado en 2011, se informaba que el estimado de las inversiones vinculadas únicamente a iniciativas de mitigación del cambio climático ascenderán a casi US$ 700,000 mil millones para el 2020; que se realizarán inversiones públicas por no menos de US$ 250,000 millones al año “a través de nuevos canales nunca probados y sin demasiada coordinación. A su vez, ya existen presiones para acelerar las soluciones, lo que aumenta el riesgo de corrupción”.

En un libro reciente sobre temas de corrupción en relación con el capitalismo rentista, el investigador británico Guy Standing sostiene que, actualmente tenemos el sistema de mercado menos libre que se haya creado nunca y que es “profundamente corrupto porque sus líderes afirman que es lo contrario de aquello en lo que se está convirtiendo”. Señala, para concluir, rescatando la Carta del Bosque a 800 años de su promulgación, que los bienes comunes nos pertenecen a todos nosotros y por lo tanto no se debería permitir a nadie monopolizarlos o agotarlos: 

“Tenemos que recuperar todos los aspectos de los bienes comunes, incluyendo ríos y lagos, tierra y mar, nuestros recursos naturales y los servicios comunes sociales e intelectuales”.

Y el clima, digo yo, que es el principal bien común y los responsables del exceso de GEI que provocan el cambio climático atentan contra todos estos bienes comunes. Lamentablemente, en este asunto del cambio climático, no es solo el modelo  ¡TAMBIÉN ES LA CORRUPCIÓN!

* Economista peruano, licenciado en la Universidad del Pacífico, ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (2011). Fue asesor parlamentario (2016-2017 y 2019). Investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, activista del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) y militante socialista convicto y confeso.

Frente a la grave crisis nacional, refundemos el país

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PRONUNCIAMIENTO CIUDADANO

Perú, 14 de julio de 2019

La grave crisis nacional que vive hoy nuestro país nos remonta julio de 2016, cuando Fuerza Popular desconoce su derrota, y da inicio, desde el Congreso de la República, a la destrucción de la democracia y sus instituciones. La campaña electoral evidenció los peligros de la penetración del narcotráfico en la política. Posteriormente, el periodismo de investigación confirmaría estos nexos, además del sometimiento de los operadores de justicia a las redes de corrupción, y sus intereses particulares, vía la inmunidad parlamentaria. En este contexto, las organizaciones e instituciones abajo firmamentes manifestamos a la ciudadanía lo siguiente:

  1. El país atraviesa una grave crisis política, social y ética que se manifiesta en el deterioro de las instituciones públicas y la amenaza constante contra jueces y fiscales honestos, frente a lo cual el pueblo redobla su lucha contra la corrupción. Se expresa también en la permanente confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria; en la desnaturalización de la reforma judicial y política, que mantiene el privilegio de impunidad de las y los parlamentarios. Asimismo, el blindaje a personajes vinculados a la corrupción – como el fiscal Chávarry -, leyes que atentan contra los derechos humanos, y la. igualdad y la no discriminación. La mayor expresión de la crisis del régimen político es la exigencia ciudadana que demande el cierre del Congreso y “que se vayan todos”. En este contexto se ubica la propuesta del Gobierno de adelante elecciones generales para el 2020.
  2. Alertamos sobre las pretensiones de las fuerzas políticas que han capturado al Estado y se oponen a los cambios y reformas que demanda la gran mayoría de nuestro país. Los grandes grupos de poder económico, representados en la CONFIEP, en alianza con sectores ultraconservadores y anti-derechos, tienen a uno de sus representantes directos como presidente del Congreso de la República. Esta alianza busca garantizar la impunidad de redes mafiosas, obstruir y desviar las investigaciones del Ministerio Público, vacar al presidente de la República y, finalmente, copar todos los poderes públicos. Por ello, advertimos que un proyecto autoritario acecha a nuestra democracia y sus instituciones.
  3. La actual crisis debe ser una oportunidad para resolver los problemas de fondo que comprometen la calidad de vida y la condición ciudadana de las y los peruanos. En este sentido el gobierno, y la transición que se abre con el adelanto de las elecciones, debe generar un mecanismo de diálogo y participación ciudadana, orientada a tratar al más alto nivel las demandas pendientes y propuestas surgidas en los diversos conflictos socio-ambientales en la Amazonía, Cajamarca, en el corredor minero, y sobre todo, el conflicto Del Valle del Tambo (Tía María).  Los cuestionamientos al “Plan de Competitividad y Productividad”, y los intentos de privatización de SEDAPAL. Igualmente urge acelerar la reconstrucción del norte; la implementación efectiva del acceso a servicios de salud. Una profunda reforma del sistema de justicia libre de corrupción, de impunidad y de estereotipos de género, que sancione a criminales, agresores y feminicidas que han arrebatado la vida de más de 100 niñas y mujeres en lo que va del año.
  4. La convocatoria a elecciones generales debe realizarse aplicando nuevas reglas de juego: inscripción de nuevos partidos; elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; con paridad y alternancia; penalización del financiamiento ilícito; impedimento para postular a quienes tengan sentencia en primera instancia y condenada por violencia de género y deudores alimentarios. Elecciones sin cambios en las reglas no garantizan la renovación de la política ni la recuperación de la confianza ciudadana sobre el régimen y las instituciones democráticas.
  5. Frente a la crisis hacemos un llamado a construir la más amplia unidad ciudadana que convoca al conjunto de fuerzas democráticas, descentralizas y éticas para articular una agenda y ratificar, a través del referéndum, la reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. De no ser así, el Primer Ministro debe plantear la “cuestión de confianza” y, de ser negada, proceder al cierre del Congreso, como se establece en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política.
  6. Por lo señalado, convocamos a desarrollar una amplia movilización democrática, unitaria y pacífica a nivel nacional. La participación ciudadana es fundamental para hacer de la actual crisis una oportunidad para refundar nuestro país. Urge un nuevo contrato social para la construcción de una sociedad justa y democrática, y el desarrollo de una economía al servicio de las personas.

Las y los peruanos asumimos la necesidad y el reto de construir una verdadera República que garantice bienestar a toda la ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones; con libertades plenas; con paz y justicia social y ecológica; con empleo y trabajo digno; con igualdad de género; y con educación y salud de calidad para todas y todos. La refundación del país nos convoca a todas y todos. 

Apostemos por un Perú con igualdad, justicia y libre de violencias y corrupción. 

Puedes sumarte aquí: https:://bbit.lly/2KQoBEQ

Firmantes: 

Asociación Nacional de Centros (ANC) – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) – Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) – Asociación Arariwa (Cusco) – Asociación Regional de ONGs La Libertad en Trujillo (AROLIB) – Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA – Cusco) – Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) – Asociación Humanidad Libre (Arequipa) – Asociación civil Puente Dorado – Asociación Regional de Organizaciones de Desarrollo de La Libertad (AROLIB) – Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía – Asociación civil Centro de Cultura Popular LABOR (Pasco) – Asociación de Comunicadores Sociales (CALANDRIA) – Asociación Filomena Tomaira (La Oroya, Junín) – Awqa Warmi (Puno) – Colectivo Sonqo Warmi (Cusco) – Colectivo por la Igualdad de Género (Piura) – Colectivo Uniones Perú – Comité Ciudadano por el Perú – Colegio de Sociólogos del Perú – Comisión de Justicia Social de Chimbote (CJS) – Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) – CODEH ILO (Moquegua) – CLADEM Perú – Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) – Central Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales “Yachaq Mama” (CRYM) – Centro de Promoción de la Mujer “Micaela Bastidas” (La Libertad) – Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Centro de Promoción y Desarrollo poblacional (CEPRODEP) – Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán – Centro de Desarrollo Andino SISAY (Huancavelica) – Centro de Educación y Promoción del Desarrollo (DESCO) – Centro Bartolomé de las Casas (Cusco) – Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Centro de Estudios para el Desarrollo y la participación (CEDEP) – Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS NORTE) – Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) – CooperAcción – Centro de Investigación y Educación Popular (ALTERNATIVA) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA, Piura) – Centro de Investigación y Estudios Económicos, Educativos, Sociales y Culturales (CIESCU, Arequipa) – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) – Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF, Cusco) – EarthRights International – Forum Solidaridad Perú – Foro Salud – Foro Educativo – Fomento de la Vida (FOVIDA) – Frente Callao Dignidad – Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú (FENMUCARINAP) – Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Grupo Propuesta Ciudadana – Grupo Impulsor de CONADES JUVENIL – Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático – Grupo de Mujeres Diversas – Grupo Género y Economía – Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) – Grufides (Cajamarca) – GC Adela Montesinos – Instituto de Defensa Legal (IDL) – Instituto RUNA – Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH, Puno) – Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica (IDPA, San Martín) – Las Karahuayllas – Marcha Mundial de las Mujeres – Movimiento Manuela Ramos – Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) – Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) – Movimiento Jatarishun (Huánuco) – Ni una Menos, Tocan a una tocan a todas – Paro Internacional de Mujeres Perú – Red Muqui Perú – Red Peruano por una Globalización con Equidad (REDGE) – Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) – Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (SEDYS, La Libertad) –  Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR, Junín) – Servicios Educativos Rurales (SER)  – Vicaria de la Solidaridad de Jaén (Cajamarca) – Wambla Wanka.